Es marzo de 2019. Faltan dos meses para las elecciones europeas y llueve en Bruselas. Hombres de traje y corbata indican el camino a su esperado huésped. Él viste de blanco de pies a cabeza y porta unas gafas metálicas que beatifican su afilada mirada. Estudió Derecho Internacional, pero no fue eso lo que le llevó a trabajar en los Balcanes, África u Oriente Medio. También domina la mayoría de lenguas románicas y el inglés.
En la sala, sus acompañantes se dirigen a él como “padre” o “hermano”, incluida la única mujer presente –la traductora– entre una treintena de hombres. Con un gesto discreto, sostiene la silla mientras su invitado, Jean-Claude Juncker, el rostro más visible de la Unión Europea, toma asiento. La puerta se cierra y las cámaras de prensa quedan afuera. La tormenta arrecia en la capital belga y Olivier Poquillon, el encargado de vigilar los intereses de los católicos en la UE, sabe que es un buen momento para alargar la sombra de su sotana.
Olivier Poquillon, secretario general de la Comece (izquierda), Jean-Claude Hollerich, presidente de la misma (centro) y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea (derecha), en la Asamblea de Primavera de 2019 de la organización (fuente: Twitter).
A unos metros del Berlaymont, el edificio más emblemático de la Comisión, se encuentra la sede de la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC, por sus siglas en inglés). El reverendo eslovaco Peter Pavlovic es el secretario de estudios de esta organización a la que pertenecen 114 iglesias ortodoxas, protestantes y anglicanas. No está acostumbrado a tener que dar explicaciones, así que prefiere defenderse antes de ser acusado: “No estamos buscando privilegios para nuestras iglesias”.
Sin embargo, la realidad es que la influencia de la Comece y el CEC, los dos ‘lobbies’ religiosos más importantes en Bruselas junto con la Iglesia Evangelista de Alemania (EKD, por sus siglas en alemán), no sería la misma sin la existencia de una serie de privilegios exclusivos que han sido arañados en los últimos años a las instituciones europeas.
Una falta de transparencia avalada por la Comisión Europea
Todo el trabajo de los grupos de presión religiosos se construye sobre el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Introducido en 2007 por el Tratado de Lisboa, el ‘hermano menor’ de la fallida Constitución Europea, este artículo estableció un “diálogo abierto, transparente y regular con iglesias, asociaciones religiosas y organizaciones filosóficas y no confesionales”. En un segundo paso, el texto vinculó “el diálogo con el trabajo parlamentario y el debate político, con la participación de titulares de cargos públicos”.
Marc Soignet, responsable de comunicación de la Federación Humanista Europea, sostiene que trataron de evitar tal artículo: “Pensamos que, al igual que las iglesias, nosotros también somos representantes de la sociedad civil y ya hay un artículo que regula eso [el artículo 11 del Tratado de Lisboa, que reconoce el mismo tipo de diálogo “con las asociaciones representativas y la sociedad civil”]. Entonces, ¿por qué hay que hacer algo especial con la religión?”.
A pesar de la oposición inicial, el artículo 17 es la principal baza de los ‘lobbies’ religiosos, pues obliga por ley a las instituciones europeas a mantener un diálogo con ellos. Como Pavlovic explica, el CEC tiene “más expertos en campos precisamente definidos” gracias a este diálogo, que “sucede en forma de talleres, conferencias o seminarios, donde participan personas de dentro de las instituciones y expertos de comunidades religiosas”. Poquillon también reconoce que la Comece mantiene una “colaboración muy buena en temas técnicos”.
Martin Ohridski (@EU_Commission official) and Mgr. Boiardi (#HolySee official) joined the discussion of the @ComeceEu Legal Affairs Commission. Mgr. Lebeaupin, Apostolic Nuncio to the #EU, greeted the participants of the Commission.
— COMECE.eu (@ComeceEu) 20 de marzo de 2018
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Tuit de la reunión de la Comisión de Asuntos Legales de la Comece en la que participó Martin Ohridski, encargado del Registro de Transparencia de la Unión Europea.
Contactado por esta investigación, la portavocía de la Comisión sostiene que “dado el estatus específico del Tratado [de Lisboa], no hay obligación de publicar las reuniones mantenidas en el contexto del diálogo con organizaciones religiosas o no confesionales”. Sin embargo, esa afirmación choca con otra de sus aclaraciones: “La Comisión mantiene contactos abiertos, transparentes y regulares con los representantes de los grupos religiosos, que deben cumplir con los más altos estándares de ética e inscribirse en el Registro de Transparencia de la UE”.
Precisamente, esos “contactos abiertos, transparentes y regulares” no se ven reflejados en el mencionado Registro de Transparencia de la Unión Europea, que entró en funcionamiento en 2011 para poder fiscalizar a todos los grupos de presión que se reunieran con altos cargos de la Comisión. De los cerca de 12.000 ‘lobbies’ inscritos, tan solo 53 pertenecen a la categoría de “organizaciones que representan a las iglesias y las comunidades religiosas”. Pero la realidad es que ese número no representa ni mucho menos el tamaño del cabildeo religioso en Bruselas, que la mayoría de veces ocurre en la oscuridad.
Esto es posible gracias, por un lado, al acuerdo interinstitucional del 19 de septiembre de 2014 entre la Comisión y el Parlamento, cuyo artículo 13 establece que “el registro no es aplicable a las iglesias ni a las comunidades religiosas”, aunque “procede” que se inscriban sus representaciones con sede permanente en Bruselas destinadas a influir en la UE. Por otro lado, dos decisiones de la Comisión del 25 de noviembre de 2014 (343/19 y 343/22), ambas firmadas por Juncker, eximen a comisarios, directores generales y gabinetes de publicar “la información relativa a las reuniones con iglesias y asociaciones o comunidades religiosas”.
“Si miras los datos, piensas que el ‘lobby’ religioso es algo que realmente no ocurre”. Es la conclusión a la que llega Raphaël Kergueno, miembro de Transparency International, la ONG que ha lanzado la plataforma Integrity Watch para “fiscalizar” el Registro de la UE. Kergueno sostiene que “cualquier tipo de organización que trate de influir en el proceso de toma de decisiones debe estar en el Registro de Transparencia, sin hacer diferencia de si es una empresa, una ONG, un grupo religioso o una universidad”. Por su parte, Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, argumenta que “los 'lobbies' más fuertes no están registrados, porque son las propias iglesias, el Vaticano [que posee el estatus de Estado y su influencia es considerada diplomacia] o las órdenes religiosas”.
De las 244 reuniones, el 76 % fue con representantes del Vaticano o iglesias cristianas, el 12 % con organizaciones judías y el 5 % con grupos islámicos. Por su parte, los representantes religiosos que tuvieron más reuniones fueron el Nuncio Apostólico ante la UE con un 15 %, la Comece con un 13 %, la Iglesia Evangélica Alemana con un 7 % y el CEC con un 5 %.
Los datos reflejan el poderío del cristianismo, cuya capacidad de influencia está respaldada por un sólido soporte económico. Así, la Comece es el ‘lobby’ cristiano que, según el Registro de Transparencia de la UE, cuenta con un presupuesto mayor: 1.209.017 euros, superando los 1.125.000 euros de la empresa Orange y muy cerca de los 1.250.000 euros de la tabacalera Philip Morris. En este sentido, la presencia del judaísmo también está secundada por un fuerte presupuesto de sus organizaciones representantes: 3.960.000 euros de la Asociación Judía Europea y 500.000 euros del Congreso Judío Europeo.
Cuatro nombres fuertes de la UE sucumben a la presión de las organizaciones cristianas
El ‘lobby’ religioso tiene las puertas abiertas en las instituciones europeas a raíz del Tratado de Lisboa. Ese acceso privilegiado se ha transformado en, al menos, 244 reuniones con altos cargos de la Comisión, las cuales a su vez han tenido su eco en legislaciones y decisiones de la Unión Europea. Así, esta investigación ha localizado varios casos de influencia de grupos de presión cristianos que involucran a cuatro personalidades clave en el funcionamiento de la Unión.
Una de ellas es el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Aparte de avalar la falta de transparencia del cabildeo confesional mediante la firma de dos documentos, el luxemburgués atendió las demandas del ‘lobby’ religioso más extremista en 2016 al nombrar, por designación directa, a Jan Figel como el primer enviado especial de la UE para la promoción de la libertad religiosa y de credo fuera de sus fronteras.
Figel, del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) y excomisario de Educación, participó en la reunión de 2016 de Agenda Europa y es miembro de One of Us y Red Política por los Valores, una asociación global de políticos ultra presidida también por Mayor Oreja. El eslovaco rechazó la imposición de cuotas de refugiados de la Unión Europea y es conocido por sus críticas a la ‘ideología de género’. Ahora, tal como menciona la UE en su web, Figel vela por que “tanto la libertad de religión como el derecho a no creer” sean respetados en el mundo.
Si quiere saber más sobre el currículum, el nombramiento y la tarea del eslovaco Jan Figel, pinche aquí.
Jan Figel, primer enviado especial de la UE para la promoción de la libertad religiosa y de credo fuera de sus fronteras.
Para leer más sobre la batalla legal y la campaña del 'lobby' religioso en contra del 'caso Coman', pinche aquí.
La pareja Coman-Hamilton, en el Tribunal de Justicia Europeo (foto cedida por Adrian Coman).
Además de Juncker y Timmermans, otro de los objetivos de los grupos de presión cristianos que actúan en Bruselas fue Viviane Reding, excomisaria de Justicia hasta 2014 y eurodiputada hasta 2018. La democristiana luxemburguesa fue la principal impulsora del Reglamento General de Protección de Datos, el cual fue aprobado en 2016 y entró en vigor dos años después. Este documento tiene una importancia clave, ya que es de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros y se trata de una de las leyes de protección de datos más restrictivas del mundo.
En concreto, el texto incluye en su artículo 91 una excepción para las iglesias y las comunidades religiosas, que pueden seguir aplicando su propia legislación —si la hubiese— en cuanto al tratamiento de datos personales. En conversación telefónica, Axel Voss, eurodiputado alemán del EPP y uno de los redactores del Reglamento General de Protección de Datos, admite que hubo interferencias de grupos religiosos en la confección de la norma: “Viviane Reding siempre nos decía que no debíamos cambiar mucho el artículo [91], pero no estoy seguro de si ella estaba involucrada personalmente. Probablemente fue el ahora secretario general de la Comisión [Martin Selmayr, afiliado del Partido Cristiano Demócrata y Flamenco belga], que estuvo muy involucrado y tenía su propio libro de recomendaciones. Recuerdo que nos dijeron que tenían una especie de acuerdo especial con las iglesias y nos recomendaban no cambiarlo”.
A pesar del cambio de comisaria —a Reding la relevó la checa Věra Jourová—, el ‘lobby’ cristiano consiguió mantener su “acuerdo especial”, evitando las restricciones del Reglamento General de Protección de Datos. España, donde la Iglesia católica se rige por su propia normativa de protección de datos personales, es un claro ejemplo de los beneficios de este artículo. Fuentes de la Conferencia Episcopal muestran su satisfacción, ya que podrán “seguir aplicando la legislación canónica sobre los libros sacramentales” como los del bautismo. De otra forma, cualquier ciudadano podría solicitar, modificar o eliminar sus datos personales contenidos en los archivos de la Iglesia.
Captura del artículo 91 del Reglamento General de Protección de Datos.
La Comisión es la institución de la UE en la que la religión cuenta con más peso, pero eso no quiere decir que otros órganos como el Parlamento Europeo escapen de su influencia. De hecho, el caso más reciente lo ha protagonizado la irlandesa Mairead McGuinness, vicepresidenta ‘popular’ del Europarlamento y encargada de supervisar el diálogo religioso en la cámara. El pasado mes de abril, McGuinness presentó un informe en el que realizaba una serie de propuestas para reforzar la aplicación del artículo 17 del TFUE en el Europarlamento. Entre ellas, una proposición que hizo saltar las alarmas del humanismo europeo: proporcionar a los representantes religiosos un contacto directo con los ponentes, las figuras clave que presentan los informes ante los eurodiputados, dotándoles así de una herramienta excepcional de seguimiento legislativo.
Antes de presentar el informe, McGuinness llevó a cabo en febrero una consulta con las organizaciones involucradas en el diálogo religioso y no confesional, de cuyos 16 participantes 13 fueron representantes de grupos religiosos. El borrador resultante, al que ha tenido acceso esta investigación, fue entregado a la oficina del Parlamento Europeo. Una de las personas que estuvieron presentes en la consulta de febrero, Julie Pernet, miembro de la Federación Humanista Europea, acusa a McGuinness de plegarse a las exigencias de la Comece. En su opinión, las propuestas supondrían “implicar a los socios del artículo 17 en el trabajo legislativo del Parlamento Europeo”.