El intento de mudanza de un matrimonio homosexual a Rumanía provocó la reacción del ‘lobby’ religioso en Bruselas.
Se casaron hace casi diez años. Sin embargo, Adrian Coman, nacido en Rumanía, y Claibourn Hamilton, ciudadano estadounidense, han pasado gran parte de ese tiempo entre cortes, tribunales y litigios. ¿La razón? Luchar para que su matrimonio sea reconocido.
En el 2010 la pareja celebró su boda en Bélgica, uno de los 16 Estados miembros de la Unión Europea que permite el matrimonio homosexual. En ese momento Coman no se imaginó que la idea de regresar a su país junto a su pareja, en el 2013, desataría una batalla legal que incluso llegaría a provocar un toque de atención del ‘lobby’ religioso a Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea.
Hamilton solicitó el permiso de residencia basándose en la libertad de circulación que reconocen el Parlamento Europeo y el Consejo (Artículo II de la Directiva de 2004/38/CE). Esta legislación avala el derecho de extranjeros a vivir en el territorio de la Unión si los integrantes de la familia, como “los cónyuges”, son ciudadanos de algún Estado miembro. Acto seguido, las autoridades rumanas rechazaron la petición de residencia. La Ley del país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que no podían ser considerados familia. La pareja impugnó la negativa y el caso se presentó ante tribunales nacionales, pero, en noviembre de 2016, la Corte Constitucional de Rumanía lo remitió al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE).
Adrian Coman: "Algunas iglesias se organizaron para tocar sus campanas al mismo tiempo".
El intento de mudanza no solo provocó una cruzada legal, sino que tal como expresa Coman, contactado por esta investigación, también alzó en su contra las voces de organizaciones ultracristianas. “Somos conscientes de que varios grupos conservadores en Rumanía y en el extranjero hicieron referencias negativas a nuestro litigio. Algunas iglesias se organizaron para tocar sus campanas al mismo tiempo, mientras tenía lugar nuestra segunda audiencia ante el Tribunal Constitucional en Bucarest”, relata.
Aquellas campanas también lograron hacer eco dentro del Parlamento Europeo. El 28 de junio de 2017, la eurodiputada rumana Ramona Manescu, del Partido Popular Europeo, junto con Sophia Kuby, directora de incidencia política de la organización Alliance Defending Freedom, organizaron un evento en el Parlamento bajo el título ‘Matrimonio y competencia de los Estados miembros de la UE: el caso Coman en el TJUE’.
Captura del correo enviado por la eurodiputada rumana Ramona Manescu con motivo del evento ‘Matrimonio y competencia de los Estados miembros de la UE: el caso Coman en el TJUE’ (fuente: Accept).
A esta reunión privada logró colarse Florin Buhuceanu, vicepresidente de Accept, fundación rumana que se encargó de defender a la pareja legalmente. En una entrevista telefónica, Buhuceanu recuerda lo que se habló a puerta cerrada: “Lo que querían resaltar es que existe una amenaza contra la libertad de religión y contra organizaciones como ellas [ADF]. En su mente, el ‘caso Coman’ era una amenaza para la libertad religiosa. Con ello buscaban decir que la Comisión Europea estaba tratando de forzar a todos los Estados miembros a aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que el caso no buscaba, ya que este se refería al reconocimiento de los derechos de residencia para aquellas parejas que ya estaban casadas”.
En las instalaciones de la Comece, el secretario general Olivier Poquillon mira fijamente los papeles de esta correspondencia. Al preguntarle a qué se refiere con la frase “caja de Pandora”, responde tajante: “Hay cosas que son competencia nacional y otras que no lo son. Para nosotros el Estado de derecho implica que la Corte respete los tratados. El ‘caso Coman’ consiste claramente en el uso de una disposición de no discriminación para imponer cosas a otros. Si se intenta transformar a la Unión en una herramienta de poder y control y no en una herramienta de servicio, tendremos reacciones fuertes”.
El resto de documentos intercambiados entre la Comece y el gabinete de Timmermans a los que se ha tenido acceso no han podido ser estudiados, ya que la mayoría de la información ha sido tachada por “intereses comerciales” y “protección de datos personales”. Tres meses han pasado desde el vencimiento del plazo para resolver la reclamación consecuente, pero no ha habido respuesta.
Frente a las voces en contra, Adrian Coman reflexiona: “Estas iglesias podrían haber usado sus recursos e influencia para algo positivo en la vida de las personas. En retrospectiva, podemos decir que Dios respondió a su llamado al otorgarnos una decisión favorable, no de la forma en que lo deseaban”. Aquella respuesta ‘divina’ que menciona Coman se dio a conocer en junio del año pasado, cuando el TJUE dictaminó a su favor y reconoció el derecho del matrimonio a vivir en Rumanía, en virtud del principio de libertad de circulación en la UE. “El concepto de cónyuge tiene una definición autónoma independiente de la orientación sexual”, concluyó el Tribunal.
Adrian Coman y Claibourn Hamilton junto a miembros de Accept, la fundación rumana que les representó legalmente, frente a la Corte Constitucional de Rumanía (fuente: Facebook).
Pero el proceso de litigio no está completo aún. "No esperábamos el largo retraso en la aplicación de la decisión en la legislación nacional en Rumanía y en todos los demás países que tuvieron que transponer su realidad legal”, confiesa Buhuceanu, vicepresidente de Accept. Esta falta de aplicación también ha sido evidenciada en el Parlamento Europeo por la eurodiputada neerlandesa Sophie in 't Veld (ALDE), que en noviembre del año pasado llamó la atención a las autoridades al decir que “algunos Estados miembros se niegan a implementar la decisión, incluso después de que los ciudadanos se hayan quejado de su incumplimiento”.
La mudanza de Coman y Hamilton lleva seis años de retraso, por lo que aún residen en Nueva York: “No es fácil, todo lleva mucho tiempo, pero preferimos recordar el inmenso apoyo que hemos recibido por parte de Accept y otras organizaciones e individuos”. Ahora la expectativa se centra en el siguiente mandato, donde se prevé que la Comisión responda al dictamen de la Corte. Un escenario donde habrá quienes vigilen “cuidadosamente” las decisiones pendientes.